En este sentido, los promotores advirtieron que la dificultad para obtener el permiso de residencia estaba lastrando la venta de inmuebles a ciudadanos procedentes de países como China o Rusia, muy interesados en adquirir viviendas en España después del ajuste de precios aplicado desde 2008.
Por este motivo, tal y como explican fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, la Ley de Emprendedores “trata de otorgar un prisma económico a la regulación de la entrada de extranjeros en nuestro país, que nos permita equipararnos a numerosos países de nuestro entorno, con vistas a competir en una economía globalizada por la atracción de la inversión y del talento”.
El objetivo no era otro que homologar a España con países de la OCDE como EE UU, Australia y Nueva Zelanda, que llevan muchos años aplicando un modelo de política de admisión especial para inversores y trabajadores cualificados, así como acercarse a sistemas semejantes ya en vigor en países mucho más cercanos como son Reino Unido, Irlanda, Italia y Holanda.
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