El Ministerio de Industria ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión de borrador del real decreto sobre el mecanismo de revisión del precio doméstico de electricidad en el que se fija el 1 de junio y no el 1 de abril inicialmente previsto, como la fecha para la puesta en marcha de la nueva metodología, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. Este cambio dejará el precio del megavatio hora (MWh) en 48,41 euros, tal y como lo fijó el Gobierno para el primer trimestre después de invalidar la subasta Cesur del pasado 19 de diciembre, que acarreaba un aumento del 25,6% en el precio de la energía.
La principal razón de la prórroga es la complejidad técnica de adaptar el nuevo sistema de facturación a las condiciones reales. De hecho, algunas eléctricas calculan que el proceso de adaptación podría llevarse a cabo en año y medio y, aunque los inmuebles cuenten ya con contadores digitales perfectamente instalados, estos necesitarán reprogramaciones y adaptaciones a telegestión.
La nueva reforma eléctrica tendrá que esperar
El Real Decreto contempla una refacturación en el recibo de la luz en caso de que el precio del mercado hasta junio haya sido diferente al preestablecido por el Ejecutivo. Y es que el precio de los dos primeros meses del año ha sido excepcionalmente bajo, incluso en febrero el precio medio diario del ‘pool’ eléctrico marcó mínimos históricos situándose a niveles de 2001, valiendo17,12 euros. El objetivo de la nueva reforma es poner fin a las subastas Cesur y fijar el precio por medio del mercado mayorista.
El sistema diferenciará entre contadores analógicos y digitales: los analógicos, que son los que tiene la mayoría de la población, contarán el precio del ‘pool’ diario, mientras que los contadores digitales harán un recuento del precio de la energía dependiendo de la hora en la que se consuma y lo que marque el mercado mayorista. Para tener una factura estable que no de paso a arbitrariedades, las comercializadoras del nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (antigua TUR) estarán obligadas a presentar una oferta anual a sus consumidores (una especie de tarifa plana) que asegurará un precio más estable e independiente de los vaivenes del mercado.
Con este retraso de la reforma eléctrica, el PSOE presentó una moción en el Congreso de Diputados en la que propone "impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil". Esto significaría un cambio más lento, pero también más profundo del sector eléctrico. El nuevo sistema de precios que propone el grupo socialista se calcularía en función de los costes de generación de cada tecnología, del que dicen "dotaría a la política energética de una mayor estabilidad y seguridad jurídica de la que ha tenido en los últimos años".
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