La extinción de la renta antigua de alquiler, aquella por la que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 fijó la congelación de los precios para las viviendas y comercios, acaba después de 20 años en funcionamiento. La ley permite mantener las condiciones pactadas hasta la jubilación o fallecimiento de los inquilinos en vivienda o comercios para autónomos o, al menos, plantea una prórroga hasta el 1 de enero de 2020.
Entre 65.000 y 85.000 inmuebles se verán afectados por la actual reforma, según Tinsa. Mientras, los expertos afirman que la mayoría optará por renegociar el precio de la renta a pagar antes de dejar el negocio. El cambio legal puede llegar a pasar de 4.500 euros al año hasta unos 15.000 euros anuales, de media.
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