La Ley Antidesahucios, aprobada el pasado mes de abril con el voto en solitario del Partido Popular (PP), surge de la fusión de la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó a la Cámara Baja acompañada de un millón y medio de firmas, impulsada por la PAH y otras entidades sociales y en la que se reclamaba la dación en pago universal y retroactiva, entre otras medidas.
Sin embargo, tanto la oposición en pleno como la plataforma que encabeza la activista barcelonesa Ada Colau rechazaron desde el primer momento la normativa aprobada, al considerar que era insuficiente y no daba solución a los problemas de los afectados por las ejecuciones hipotecarias.
Con la etiqueta #escucheAlaPAH, la PAH puso en marcha una campaña de movilización en las redes sociales animando a todos sus miembros y simpatizantes a instar a los miembros de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes a suscribir el texto, alegando que la ley aprobada es "inútil y perversa", que "no da solución alguna a las personas afectadas por las hipotecas en procesos de desahucio" y que "perpetúa la vulneración de los derechos humanos".
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